La zona 18 de la Ciudad de Guatemala ha sido reconocida por décadas como un epicentro de actividad para las maras o pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que han mantenido una presencia dominante. Estos grupos han generado un ambiente marcado por la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el temor dentro de muchos sectores populares, impactando la rutina diaria de miles de familias. El reto para las autoridades y la sociedad civil ha consistido en recuperar el control del territorio, reducir la incidencia criminal y resguardar a la población frente a los distintos delitos vinculados a estas estructuras.
Acciones de intervención impulsadas por el Estado
El Estado guatemalteco ha puesto en marcha diversas tácticas, lideradas sobre todo por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, trabajando junto con el Ejército en operativos de alto riesgo, y la acción más destacada consistió en fortalecer el patrullaje constante en áreas críticas como Colonia Kennedy, El Limón y otros asentamientos reconocidos por su arraigo pandillero.
Durante 2023, de acuerdo con la propia PNC y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, más de 700 personas relacionadas con maras fueron arrestadas en zona 18, en su mayoría por acusaciones de homicidio, extorsión y tenencia ilegal de armas. El Estado ha ampliado el empleo de tecnología de vigilancia, como sistemas de reconocimiento facial y drones, lo que ha facilitado localizar rutas de fuga y detener a líderes que anteriormente eludían a la justicia gracias a su dominio del entorno urbano.
De forma simultánea, la entrada en vigor de normativas que incrementan las sanciones por integrar estructuras delictivas y la implementación del bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios han reducido la posibilidad de que las maras coordinen delitos desde las cárceles, aunque aún se registran filtraciones y episodios comprobados de corrupción dentro de las instituciones.
Impacto en la comunidad: datos y percepciones
El avance de la lucha contra las maras no solo se mide por capturas o decomisos de armas, sino por percepciones de seguridad entre vecinos. De acuerdo con una encuesta publicada en agosto de 2023 por la organización Diálogos, el porcentaje de habitantes que reportan sentirse inseguros en sus colonias disminuyó de 74% en 2020 a 59% este año; sin embargo, el temor a represalias aún limita la denuncia ciudadana, especialmente en áreas como Santa Faz y La Verbena.
Estudios de sociología señalan que la extorsión continúa figurando como el delito que con mayor frecuencia reportan los pequeños comerciantes y los transportistas urbanos, y aunque las políticas de “ventanilla única” destinadas a recibir denuncias anónimas han incrementado la cantidad de registros, muchos ciudadanos reconocen que siguen pagando extorsiones por temor a represalias letales; incidentes recientes, como el ataque contra un chofer de bus en El Paraíso en mayo de 2024, confirman que las amenazas persisten.
Relato de experiencias: testimonios de resiliencia y temor
Historias personales humanizan los datos. Por ejemplo, Marta, comerciante en la Colonia El Limón, cuenta que en 2021 debió cerrar su tienda tras ser amenazada de muerte si no pagaba la “renta”. Al reabrir en 2024, lo hizo solo después de constatar la presencia constante de patrullas y la captura de varios extorsionistas. Su testimonio refleja tanto el terror vivido como pesos y esperanzas depositados en la respuesta estatal.
Por otra parte, jóvenes como Kevin, residente en Santa Faz, relatan que la escuela sigue siendo un espacio de reclutamiento para las maras, a pesar de programas de prevención. Afirma que, aunque la presencia policial ha mejorado, el miedo a unirse a una pandilla o ser víctima de represalias continúa siendo una amenaza invisible en su rutina diaria.
Prevención y reinserción: abordajes complementarios
Frente a la represión policial y judicial, organizaciones de sociedad civil han impulsado enfoques de prevención y reinserción para desarticular el ciclo de violencia. Programas como Jóvenes Contra la Violencia y centros culturales apoyados por iglesias católicas y evangélicas brindan alternativas educativas y capacitación técnica para jóvenes en riesgo.
La reducción en la deserción escolar, estrechamente vinculada al reclutamiento por pandillas, se ha observado en varias zonas gracias al apoyo de becas y actividades extracurriculares impulsadas por la cooperación internacional. Ejemplos positivos como el de la Fundación Paiz, responsable de capacitar a más de 200 adolescentes en tecnologías de la información entre 2022 y 2023, evidencian que la prevención puede abrir alternativas reales frente al atractivo del dinero rápido y la influencia de las maras.
Desafíos persistentes y nuevos escenarios
Aunque los datos muestran avances, el escenario permanece volátil. Analistas de seguridad señalan la amenaza constante de la reconfiguración de estructuras delincuenciales: la presión policial provoca desplazamientos internos, regionalización de células más pequeñas o la externalización de delitos a zonas vecinas. Adicionalmente, la corrupción institucional y la falta de recursos para fortalecer la justicia obstaculizan los esfuerzos a largo plazo.
La colaboración con países vecinos, como El Salvador y Honduras, facilita el flujo de información y, en ocasiones, la acción conjunta para perseguir a líderes criminales a nivel transnacional. Aun así, la migración forzada de familias que huyen por miedo o posibles represalias continúa, intensificando las condiciones de pobreza y marginación y preparando el terreno para nuevos episodios de violencia.
Reflexión sobre el futuro de la zona 18 frente a la amenaza de las maras
La lucha contra las maras en zona 18 constituye un proceso multifacético: involucra la acción decidida del Estado, la participación de la sociedad civil, la transformación de estructuras sociales y el compromiso con la reinserción de jóvenes vulnerables. Las cifras de capturas y reducción de algunas modalidades delictivas son alentadoras, pero el entramado de miedo, resiliencia, cooperación y desafío institucional revela que el avance es real, aunque frágil.
A medida que la violencia criminal se adapta a nuevas circunstancias, surge la necesidad de una mirada integral que mantenga el equilibrio entre la fuerza y la prevención. El futuro de zona 18 dependerá en gran medida de la confianza construida entre autoridades y ciudadanos, la capacidad de innovar en políticas sociales y la perseverancia para enfrentar un fenómeno que es tan complejo como profundamente arraigado en el tejido urbano.
