Sheikh Hasina, quien fuera primera ministra de Bangladesh, ha recibido una sentencia de muerte tras ser declarada culpable de delitos contra la humanidad. Estos crímenes están vinculados a la supresión de manifestaciones estudiantiles que culminaron con la caída de su administración. El veredicto emitido por el Tribunal Internacional de Crímenes (TIC) representa un momento decisivo en el panorama político de la nación.
Un tribunal internacional de crímenes, compuesto por tres magistrados y dedicado a enjuiciar delitos de guerra y graves transgresiones a los derechos humanos en Bangladesh, dictó su fallo el lunes. Dicho veredicto estableció que Hasina fue hallada culpable de instigar y ordenar ejecuciones sumarias durante las protestas estudiantiles del año anterior. Conforme a la corte, la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad bajo su dirección resultó en la pérdida de cientos de vidas y dejó a decenas de miles de heridos.
La sala judicial de Daca estalló en vítores por parte de algunos parientes de los afectados al conocerse el veredicto. Uno de los jueces declaró: “Sheikh Hasina perpetró delitos contra la humanidad debido a su instigación, sus directrices y su inacción al no aplicar sanciones”. Los togados argumentaron que había pruebas irrefutables de que la antigua jefa de gobierno había fomentado la agresión contra los estudiantes que protestaban de forma pacífica, lo que resultó en ejecuciones y represalias organizadas.
Las manifestaciones, que comenzaron como una iniciativa estudiantil en oposición a las políticas de contratación en el sector público, evolucionaron hasta convertirse en una insurrección a nivel nacional que exigía la dimisión de Hasina. De acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la respuesta represiva del Estado podría haber provocado hasta 1.400 fallecimientos y más de 25.000 lesionados.
Hasina, quien reside actualmente en un exilio autoimpuesto en Nueva Delhi, India, no estuvo presente en el tribunal y calificó el proceso como “parcial y con motivaciones políticas”. A través de su partido, la Liga Awami, rechazó los cargos y denunció irregularidades en el debido proceso.
Acusaciones y respuesta de Hasina
La antigua jefa de gobierno se enfrentó a cinco acusaciones fundamentales, entre ellas la instigación a la muerte de manifestantes, la orden de ejecuciones y el empleo de armamento mortífero, drones y aeronaves para sofocar las manifestaciones. Hasina rechazó categóricamente cualquier implicación, sosteniendo que los fallos judiciales fueron dictados por un tribunal «parcial» y dirigido por una administración carente de legitimidad democrática.
En un comunicado oficial de su partido, la Liga Awami, la ex líder aseguró: “Rechazo las demás acusaciones de violaciones de derechos humanos del Tribunal Penal Internacional por carecer igualmente de pruebas. Estoy muy orgullosa del historial de mi gobierno en materia de derechos humanos y desarrollo”.
Desde 2009 hasta su derrocamiento en 2024, Hasina gobernó Bangladesh con un liderazgo fuerte y centralizado. Bajo su mandato, el país experimentó un significativo crecimiento económico, pero su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción, retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos, lo que generó un creciente descontento social. Analistas advierten que el veredicto de muerte podría desatar tensiones políticas antes de las elecciones nacionales previstas para febrero del próximo año.
La defensa de Hasina presentó una apelación ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, argumentando preocupaciones sobre la falta de garantías procesales y del debido proceso. Mientras tanto, el gobierno interino de Bangladesh ha solicitado formalmente la extradición de la ex primera ministra, aunque hasta ahora India no ha emitido una respuesta oficial.
Manifestaciones y crispación en el ámbito urbano
Antes de que se emitiera el fallo, una multitud de manifestantes se reunió frente a la deteriorada casa de Sheikh Mujibur Rahman, el padre de Hasina y fundador de Bangladesh, ubicada en el distrito de Dhanmondi. Las grabaciones difundidas por los medios de comunicación locales exhibieron a los participantes encendiendo hogueras en la vía pública y entonando cánticos en oposición a la estirpe política de la familia Hasina. Se informó que las fuerzas armadas y la policía intervinieron con porras para restablecer el orden.
El domingo anterior, la capital, Dacca, registró incidentes de violencia, incluyendo la explosión de cócteles molotov lanzados por personas en motocicletas. La seguridad se reforzó con vehículos blindados y agentes equipados con escudos antidisturbios alrededor de edificios gubernamentales clave, mientras se desplegaban equipos de acción rápida y fuerzas de la guardia fronteriza.
El vástago de Hasina alertó que los seguidores de la Liga Awami podrían impedir los comicios si no se revocaba la proscripción del partido, indicando que las manifestaciones podrían tornarse violentas. “No consentiremos que se realicen elecciones sin la Liga Awami. Nuestras movilizaciones se agudizarán progresivamente y actuaremos según sea necesario. Si la comunidad internacional no intercede, es probable que surjan conflictos en Bangladesh”, afirmó.
Carrera política de Hasina
La trayectoria vital de Sheikh Hasina se entrelaza íntimamente con el devenir histórico de Bangladesh. Primogénita de Sheikh Mujibur Rahman, fue testigo desde temprana edad de la contienda por la independencia bangladesí frente a Pakistán. A raíz del levantamiento militar de 1975, que cobró la vida de su progenitor, su madre y tres hermanos, Hasina y su hermana se vieron obligadas a partir al exilio.
Regresó a Bangladesh en 1981 para asumir el liderazgo de la Liga Awami, el partido de su padre, y se convirtió en primera ministra por primera vez tras ganar las elecciones de 1996. Posteriormente, regresó al poder en 2008 y gobernó hasta 2024, consolidando un liderazgo que combinó desarrollo económico con autoritarismo político.
Durante su mandato, Hasina fue criticada por tendencias hacia un sistema de partido único y por medidas que limitaban la libertad de prensa, la oposición política y la participación ciudadana. La implementación de leyes de ciberseguridad permitió al gobierno reprimir la expresión en línea, con arrestos de periodistas, activistas y artistas, y denuncias de detención arbitraria y tortura.
A pesar de estas críticas, Hasina logró superar múltiples protestas durante su administración, hasta que el levantamiento del año pasado, impulsado por la generación Z, provocó su salida del poder y la colocó en exilio en India. Actualmente, muchos de sus familiares y líderes de su partido también viven fuera del país.
Contexto económico y social
Durante la administración de Hasina, Bangladesh logró un desarrollo económico considerable, evidenciado en la modernización de su infraestructura, el progreso educativo y la disminución de la pobreza. No obstante, este progreso económico coexistió con denuncias de corrupción extendida y una centralización del poder. La opacidad en la gestión y las restricciones a las libertades democráticas provocaron una insatisfacción pública que culminó en las protestas estudiantiles que precipitaron el término de su gestión.
El alzamiento del año anterior puso de manifiesto la fricción entre los habitantes y una administración que, a juicio de muchos, ignoraba las exigencias de la ciudadanía. La utilización de cuerpos de seguridad para sofocar manifestaciones pacíficas desencadenó una emergencia humanitaria con un alto saldo de afectados, aspecto crucial en la sentencia contra Hasina.
El tribunal consideró que la ex primera ministra tenía responsabilidad directa en la violencia, no solo por órdenes explícitas, sino también por omisión ante los abusos perpetrados por las fuerzas del orden. Este precedente judicial refleja un intento de establecer rendición de cuentas frente a graves violaciones de derechos humanos en Bangladesh.
Reacciones y perspectivas políticas
La resolución judicial contra Hasina ha provocado una atmósfera de división en la nación. Por una parte, los seguidores del gobierno provisional, encabezado por el galardonado con el Nobel Muhammad Yunus, opinan que los procedimientos judiciales son fundamentales para restablecer la credibilidad ciudadana y robustecer las estructuras democráticas. Por otra parte, los defensores de Hasina desestiman las acciones legales, viéndolas como impulsadas por intereses políticos y concebidas para apartarla de la participación política.
Mientras la Liga Awami permanece suspendida de toda actividad política, el Gobierno interino enfrenta el desafío de organizar elecciones seguras y garantizar la estabilidad antes de los comicios previstos para febrero. La tensión social y política, sumada a las amenazas de protestas violentas, constituye un riesgo significativo para la gobernabilidad y el orden público en el país.
El escenario internacional también observa con atención la situación, dado que la extradición de Hasina desde India y la legitimidad del tribunal han sido temas de debate diplomático. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la seguridad de los derechos humanos y la necesidad de garantizar un proceso judicial justo y transparente.
La sentencia de muerte impuesta a Sheikh Hasina representa un momento crucial en el devenir político de Bangladesh, un país cuya evolución ha estado marcada por la compleja interacción entre el progreso económico, las tendencias autoritarias y el respeto a los derechos fundamentales. Este veredicto subraya la relevancia de la justicia en situaciones de delitos contra la humanidad y la necesidad de exigir responsabilidades, si bien también introduce un elemento de inestabilidad en el panorama político venidero.
La vida de Hasina, desde la tragedia familiar hasta su liderazgo autoritario, ilustra los desafíos de la política en una nación joven y compleja. Con la Liga Awami suspendida y el Gobierno interino buscando consolidar la gobernabilidad, Bangladesh enfrenta un período de tensión mientras se acerca la fecha electoral. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede equilibrar justicia, democracia y estabilidad social frente a uno de los casos políticos más emblemáticos de su historia reciente.
