Desde que fue acusado de financiamiento electoral ilegal en 2017, el presidente Jimmy Morales ha atacado el Estado de derecho. La persecución de Aldana es el golpe antidemocrático más reciente de su gobierno y es también uno de los más preocupantes: la actual fiscala, Consuelo Porras, un juez y su ministro de Gobernación han iniciado una persecución judicial contra Aldana por una irregularidad mientras dirigía el Ministerio Público. Se trata de un caso endeble, pero a criterio de cuatro magistrados del Tribunal Electoral de Guatemala, esta acusación es suficiente para sacarla de la carrera presidencial.
La decisión aún se puede apelar ante las cortes, pero el proceso puede prolongarse hasta apenas un mes antes de la elección. Como resultado, si la dejan participar en la contienda tendrá menos tiempo que sus adversarios para hacer campaña, una ventaja para la alianza en el poder que será difícil de remontar.
No hay democracia si no compiten los opositores al gobierno en elecciones limpias. No se trata de defender la candidatura de Thelma Aldana, sino de exigir el respeto a las reglas democráticas y permitir que participen ella y todos los opositores políticos en la contienda electoral.
Guatemala ha logrado en la última década combatir la impunidad hasta instancias inimaginables en otro momento de nuestra historia y ser un ejemplo sobresaliente de los esfuerzos democratizadores de la comunidad internacional, como la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por la ONU. Este órgano y el Ministerio Público (MP) guatemalteco fueron determinantes para alcanzar un sistema judicial verdaderamente independiente del gobierno en turno. Con este esfuerzo, quedaron al desnudo los vestigios de un Estado capturado por élites militares y empresariales. Este avance es el que hoy está en riesgo.
El trabajo de Thelma Aldana, quien de 2014 a 2018 dirigió el MP, fue esencial para encaminar al país hacia la democracia. Fue la principal aliada de la Cicig: puesta a elegir entre ser fiel al presidente Otto Pérez Molina u optar por la independencia judicial, decidió lo segundo. Con las investigaciones de la Cicig y su liderazgo en el MP se demostró que la élite empresarial guatemalteca financió de manera ilegal la campaña del expresidente Otto Pérez Molina en 2011 y también la de Jimmy Morales en 2015. Esto derivó en que la justicia guatemalteca enjuiciara y encarcelara a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, y al presidente, Otto Pérez Molina.
Ese trabajo, sin embargo, se ha frenado con Jimmy Morales, un comediante que llegó a la presidencia respaldado por un partido minoritario de militares retirados.
